La Sala Décima del TJUE, en Sentencia de fecha 8 de febrero, ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, al imponer como requisito para obtener una autorización de transporte público que las empresas dispongan al menos de tres vehículos.

Nada más conocerse la Sentencia, la CETM emitió un comunicado en el que considera un retroceso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado ilegal este requisito, lo que traerá consecuencias dañinas imprevisibles respecto de la actual estructura y composición del sector del transporte.

Según CETM, la eliminación de este requisito propiciará la entrada masiva a la actividad del transporte de nuevos transportistas de manera desordenada, en perjuicio de los transportistas que actualmente operan en el sector del transporte y de la calidad del servicio que prestan corriendo el riesgo de convertirlo en un sector ‘sumidero’. Además, el mercado de transportes lleva años en continuo deterioro a causa del desequilibrio existente entre la oferta y la demanda; de la escasa capacidad de negociación que tienen los transportistas a raíz de sus reducidas dimensiones; y del aprovechamiento que las empresas cargadoras hacen de estas circunstancias, en virtud de una mayor fortaleza que les permite establecer, salvo honrosas excepciones, políticas abusivas especialmente en materia de precios y plazos de pago.

Por otro lado, la posibilidad de acceder libremente al mercado de transporte también afectará a la transmisión de las autorizaciones de transporte en manos de autónomos y micro empresas, lo que va suponer un importante quebranto de su patrimonio empresarial. Por ello, la desaparición de muchas de ellas del mercado (en la actualidad hay en España 82.784 empresas de tres vehículos o menos) puede ser solo una cuestión de tiempo, lo cual además de resultar nefasto en términos de destrucción de tejido empresarial y puestos de trabajo para el sector empresarial del transporte, tendría consecuencias negativas para toda la economía española por la desaparición de la flexibilidad que siempre han aportado este tipo de empresas, así como del servicio de transporte fiable y eficaz que prestan.

Enlace a la Sentencia.

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