Las expectativas de los transportistas afectados por el pacto de precios de los principales fabricantes de camiones, han tenido un primer respaldo en los tribunales alemanes, a través de la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Hannover (Alemania), que estima la demanda de la ciudad de Gottingenal.

La resolución dispone que MAN Truck & Bus Deutschland GmbH ha de compensar a la ciudad de Gottigen por 7 camiones comprados a MAN Truck & Bus Deutschland GmbH durante el periodo 2004 a 2010.

La sentencia contradice la tesis de defensa recurrente de todos los fabricantes demandados, que sostienen que dicho pacto no supuso de hecho una subida de los precios de venta entre 1997 y 2011 de camiones de peso medio (entre 6 y 16 toneladas) y camiones pesados (más de 16 toneladas), que es la práctica sancionada por los órganos comunitarios.

Aunque este pronunciamiento judicial no es jurídicamente vinculante para nuestros tribunales, sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los países de la Unión Europea (UE), están vinculados en su normativa interna por una misma Directiva (que regula las acciones de daños por infracciones del Derecho de la Competencia).

Esto implica que la legislación aplicable a este tipo de controversias esté homogeneizada en todos ellos, por lo cual el marco regulatorio en Alemania y España es similar. Ello favorece la expectativa de pronunciamientos similares.

Los antecedentes jurídicos 

La Comisión Europea descubrió que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault,  Daimler,  Iveco, DAF y Scania quebrantaron  el  Artículo  101  del  Tratado  de funcionamiento de la Unión Europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE, que prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio. La Comisión detectó que estos fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo durante 14 años (de 1997 a 2011) para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. Por estas infracciones, la Comisión impuso una multa récord de 2.930 millones de euros.

Ahora los compradores afectados pueden reclamar una compensación por el sobreprecio sufrido a causa de dicho pacto ilegal.

La Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, regula este tipo de conductas.

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